Esta entrada está dedicada a analizar la estrategia mas apropiada para conseguir que no se incluya la obligatoriedad del casco ciclista en vías urbanas* en el Reglamento General de Circulación (RGC).
ConBici, junto con otras asociaciones y colectivos del mundo ciclista, está desarrollando una activa campaña para impedir que tal medida sea incluida en el RGC. Como consecuencia de dicha campaña, numerosos Ayuntamientos - muchos de ellos gobernados por el PP** - incluyendo la práctica totalidad de las ciudades que mas han hecho por la promoción de la bicicleta en España, han manifestado su oposición a dicha medida. La lista de las instituciones que se oponen al casco obligatorio en vías urbanas incluye también a los principales partidos de la oposición, así como asociaciones de consumidores y otras instituciones. No cabe duda de que esta estrategia pone en serios aprietos a la Directora de la DGT en su empeño por imponer el casco ciclista obligatorio también en ciudad.
Por supuesto no cabe descartar, ni mucho menos, que dicha reforma sea finalmente aprobada por el Consejo de Ministros, sin necesidad de debate parlamentario, ni periodo de alegaciones públicas. No obstante, hay una importante traba legal para la validez de tal acuerdo: que la vigente Ley de Tráfico no autoriza a imponer dicha reforma, ya que especifica de modo claro que la obligación de portar casco para los ciclistas sólo existe en vías interurbanas. Algo debe barruntar la DGT al respecto, pues ha incluido en su proyecto de reforma una disposición transitoria por la que "la obligación de que los ciclistas utilicen el casco de protección en vía urbana, será exigible a partir de un año de la publicación" del nuevo RGC. La estrategia es clara: esperan reformar puntualmente la vigente Ley de Tráfico antes de que expire dicho plazo. De ese modo la esperable queja por defecto de forma quedaría sin efecto, al menos en lo que a la obligatoriedad del casco se refiere.
Pero ello implica también que el debate parlamentario no se evita, sino que simplemente se retrasa hasta el momento en el que se reforme la Ley de Tráfico, para lo que se podría buscar un momento oportunamente discreto (¿En la "Ley de Acompañamiento de los Presupuestos"?). De todos modos, queda claro que incluso la aprobación de la reforma por el Consejo de Ministros no cierra el proceso, lo que da lugar a plantear nuevas batallas.
Estamos pues, como ha señalado ConBici en su reciente presentación en el Congreso de los Diputados, ante una reforma que:
- Supone una clara extralimitación en sus funciones por parte de la DGT.
- Suscita el rechazo unánime de los afectados, representados por las principales asociaciones ciclistas.
-
Suscita el rechazo prácticamente unánime de las instituciones
encargadas de su aplicación práctica: los ayuntamientos con un alto nivel
de uso de la bicicleta.
- Suscita la oposición prácticamente unánime del resto de las formaciones políticas.
No cabe duda de que, en condiciones normales, sería la propia DGT la que se replantearía la oportunidad de esta reforma y buscaría una salida negociada al conflicto. Sólo el empeño personal de la propia Directora - cuya destitución pide ConBici - sea ideológico o producto de presiones inconfesables, puede explicar su empecinamiento en sacar a delante la reforma cueste lo que cueste.
Dado dicho empecinamiento, no cabe sino preguntarse acerca de cual podría ser la mejor estrategia para que esta auténtica catástrofe para la promoción del incipiente ciclismo urbano en España no llegue a producirse.
En este sentido, la exitosa campaña de ConBici para recabar apoyos en los Ayuntamientos se perfila como una pieza clave de dicha estrategia, pues además de lanzar el doble mensaje del divorcio entre la DGT (el origen de la norma) y los Ayuntamientos (los que han de aplicarla), prepara el terreno para una acción masiva de desobediencia civil en dichos municipios. El reciente compromiso de los principales partidos de la oposición de secundar esta campaña hace prever aún mas posicionamientos por parte de los ayuntamientos, que en total alcanzan ya una población de mas de10 millones de habitantes (sic), aproximadamente el 25% de la población del país.
Antes de llegar a dicha situación de desobediencia civil (mas o menos tolerada por las respectivas policías locales) habría de producirse la reforma de la Ley de Tráfico, sin la cual la reforma del RGC carecería de validez. Esta reforma exige un debate parlamentario, con la participación de todos los partidos. Ahí debería producirse una nueva "batalla", en la que un aumento significativo de los ayuntamientos y parlamentos autonómicos contrarios al casco obligatorio en ciudad (algunos de ellos del propio PP), podría colocar a los diputados de dicho partido en una posición incómoda.
Finalmente, y suponiendo que la Ley llegara a reformarse, estaríamos los suficientemente cerca de las elecciones generales como para que tuviese sentido la firma de un acuerdo entre los principales partidos de la oposición y las asociaciones ciclistas, por la que aquellos se comprometiesen a impulsar una nueva reforma del RGC que eliminase la prohibición de circular en bici sin casco. Este compromiso, además, daría al PP el claro mensaje de que está trabajando en una reforma de corto recorrido y con alto coste electoral.
En definitiva que la prohibición de circular en bicicleta sin casco es un asunto mucho mas complicado de lo que cabría deducir de las afirmaciones prepotentes de la Directora de la DGT, que posiblemente solo tratan de encubrir su situación de objetiva debilidad dentro de su propio partido. Y que es posible diseñar una estrategia a medio plazo que desactive su política. Esta estrategia pasaría por:
- Continuar recabando apoyos a escala municipal y autonómica, en la perspectiva no sólo de la oposición a esta reforma del RGC por el Consejo de Ministros, sino también de la oposición a la reforma de la Ley de Tráfico, sin la cual no será posible el casco obligatorio en Ciudad.
- Iniciar los contactos con los principales partidos de la oposición en la perspectiva de firmar un acuerdo por el que se comprometieran a retirar dicha norma del RGC tras las elecciones generales, en un hipotético escenario de mayoría suficiente para ello. Cuanto antes se produzca dicho acuerdo, mayor será su efecto sobre los diputados y dirigentes del partido del gobierno preocupados por el coste electoral del empecinamiento de la Directora de la DGT.
Antes de llegar a dicha situación de desobediencia civil (mas o menos tolerada por las respectivas policías locales) habría de producirse la reforma de la Ley de Tráfico, sin la cual la reforma del RGC carecería de validez. Esta reforma exige un debate parlamentario, con la participación de todos los partidos. Ahí debería producirse una nueva "batalla", en la que un aumento significativo de los ayuntamientos y parlamentos autonómicos contrarios al casco obligatorio en ciudad (algunos de ellos del propio PP), podría colocar a los diputados de dicho partido en una posición incómoda.
Finalmente, y suponiendo que la Ley llegara a reformarse, estaríamos los suficientemente cerca de las elecciones generales como para que tuviese sentido la firma de un acuerdo entre los principales partidos de la oposición y las asociaciones ciclistas, por la que aquellos se comprometiesen a impulsar una nueva reforma del RGC que eliminase la prohibición de circular en bici sin casco. Este compromiso, además, daría al PP el claro mensaje de que está trabajando en una reforma de corto recorrido y con alto coste electoral.
En definitiva que la prohibición de circular en bicicleta sin casco es un asunto mucho mas complicado de lo que cabría deducir de las afirmaciones prepotentes de la Directora de la DGT, que posiblemente solo tratan de encubrir su situación de objetiva debilidad dentro de su propio partido. Y que es posible diseñar una estrategia a medio plazo que desactive su política. Esta estrategia pasaría por:
- Continuar recabando apoyos a escala municipal y autonómica, en la perspectiva no sólo de la oposición a esta reforma del RGC por el Consejo de Ministros, sino también de la oposición a la reforma de la Ley de Tráfico, sin la cual no será posible el casco obligatorio en Ciudad.
- Iniciar los contactos con los principales partidos de la oposición en la perspectiva de firmar un acuerdo por el que se comprometieran a retirar dicha norma del RGC tras las elecciones generales, en un hipotético escenario de mayoría suficiente para ello. Cuanto antes se produzca dicho acuerdo, mayor será su efecto sobre los diputados y dirigentes del partido del gobierno preocupados por el coste electoral del empecinamiento de la Directora de la DGT.
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(*) Asumo que dicha medida sería globalmente contraproducente sin entrar a discutirlo. Existe una amplia bibliografía que soporta esta tesis y los lectores interesados en los argumentos correspondientes pueden consultar este enlace, entre otros
(**) Curiosamente, este tema y la modificación de la Ley del Aborto, son los únicos temas en los que se ha roto la disciplina de partido del PP. Curiosamente, en ambos, el Opus Dei está de por medio.
(**) Curiosamente, este tema y la modificación de la Ley del Aborto, son los únicos temas en los que se ha roto la disciplina de partido del PP. Curiosamente, en ambos, el Opus Dei está de por medio.
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